Poco tiempo después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al brote del nuevo coronavirus (COVID-19) -que estalló en Wuhan en diciembre de 2019- como una pandemia, poniendo énfasis en el grado de contagio de la enfermedad y evidenciando las deficiencias a escala mundial en los métodos de contención de la misma, la mayoría de los países latinoamericanos comenzaron a tomar medidas de Emergencia Sanitaria para minimizar el contagio y fortalecer la capacidad de respuesta de sus sistemas sanitarios.
En este marco, teniendo en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales especializados y de expertos locales, y a la luz de la experiencia de otros países, se determinó que la mejor forma que existía para evitar la propagación del virus requería de dos acciones concertadas: una vinculada a desarrollar la detección, tratamiento y prevención del virus, con acento en los procesos técnico – científicos, y otra vinculada a la desaceleración de los movimientos, que comenzó con el aislamiento de las personas en sus hogares y se extendió a la restricción de la circulación de mercaderías y la realización de eventos públicos, convirtiéndose en una medida de carácter prevalentemente espacial.
