A partir de la pandemia, los temas urbanos pasaron a estar más latentes que nunca en la vida de muchas personas en América Latina. El COVID-19 generó un cambió de rumbo bastante turbulento en el mercado inmobiliario, tanto por la especulación que generó en muchos sitios el comercio de segundas casas como por el fenómeno de los “nómadas digitales” en lugares como Medellín, Buenos Aires o Ciudad de México.

Cada vez son más las disciplinas que se preocupan por el derecho a la vivienda. Ya sea en la arena de la arquitectura, el derecho, la economía, el urbanismo, la geografía o la ciencia política, distintas personas han buscado identificar los problemas para su cumplimiento, sobre todo en los ambientes urbanos cada vez más hostiles. Sin embargo, aunque todos hablamos del derecho a la vivienda no estamos hablando de lo mismo.

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Valladolid es una población de poco menos de 50 mil habitantes, ubicada al oriente de Yucatán. Se encuentra justo a mitad de camino entre Cancún y Mérida, así como a unos 40 minutos de la zona arqueológica de Chichén-Itzá. En un principio los turistas que llegaban a ella lo hacían como escala en su tránsito por la península. No obstante, su gastronomía y sus edificios hicieron que dejara de ser un parador turístico involuntario para convertirse en un destino turístico en sí mismo.

Uno de los grandes retos de nuestras ciudades hoy día es conciliar dos objetivos prioritarios que, por momentos, parecieran ser irreconciliables: reducir la desigualdad y atender los efectos del cambio climático. Por un lado, nuestro planeta está en un momento crítico en el cual ninguna acción debe desestimarse. El crecimiento urbano es siempre a costa de espacios verdes, razón por la cual debemos controlar nuestros asentamientos. Pero también es un hecho que existen normas ambientales que, además de no ser idóneas para cumplir con el fin que se proponen, generan efectos discriminatorios hacia los sectores más excluidos. Son a ellos a los que suele aplicárseles de manera más rigurosa los requisitos administrativos en materia ambiental, así como las sanciones por su incumplimiento. ¿Hay forma de salir de esta aparente dicotomía?

Contrario al imaginario popular, es imposible el divorcio entre el derecho y el urbanismo. Ambas disciplinas han servido como instrumento para instaurar las rampantes desigualdades en las que habitamos. Uno a través de la administración de la fuerza estatal, el otro a través de la acumulación del poder territorial. Pero en ambos también pueden encontrarse las claves para tener ciudades más equitativas. La única posibilidad de construir un verdadero derecho a la ciudad es a través de un diálogo interdisciplinario, sobre todo ahora que hay una propuesta de reforma para reconocer ese derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo es una apuesta de espacio para escucharnos entre quienes nos dedicamos al derecho, la arquitectura y al urbanismo.

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El pasado 17 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) emitió una sentencia histórica en la cual le ordena al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) generar información estadística desagregada sobre la población en asentamientos informales o precarios en todo el territorio nacional. Esta resolución pone sobre la mesa la discusión sobre el papel que pueden y debieran tener las y los jueces al adoptar decisiones que impactan de manera directa en el urbanismo, el ordenamiento territorial, nuestras ciudades y nuestras viviendas.