“El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al habitat y al habitar” (Lefevre, 1969). Según el Instituto Nacional de Estadística del Perú más del 70% de los peruanos vivimos en ciudades, de allí que gran parte de las propuestas de los candidatos al sillón presidencial estén relacionadas directa o indirectamente con las mismas.
Para poder aproximarnos a su verdadera magnitud, debemos entender las ciudades como espacios multi-sistémicos en los que suceden con gran intensidad intercambios de toda índole, exacerbándose las virtudes y defectos de la sociedad.
Abordar esa complejidad requiere de soluciones integrales enmarcadas en políticas de desarrollo urbano a nivel nacional, regional y municipal. Éstas deberían ser impulsadas desde el Gobierno Central mediante un proceso de planificación estratégica, a través de un organismo con autonomía, presupuesto y capacidad de acción. Para que ello funcione se debe tener muy en claro el marco legal de competencias, metas con plazos políticos, indicadores vinculados con asignación de presupuestos, y sanciones ejemplares para los que incumplan sus compromisos. Además, se debe poder instrumentar y fortalecer a los cuerpos técnicos en los diversos organismos y regiones.
