En los últimos años, hemos asistido al auge del concepto «participación ciudadana», especialmente en el ámbito de la política. Como suele ocurrir, este auge no viene exento de polémica y tiene sus riesgos. Al igual que sucedió con el término «sostenibilidad», la participación puede quedar relegada a ser una cortina de humo tras la que esconder determinados tipos de despotismos políticos. Un ejemplo claro lo tenemos en Holanda; en septiembre de 2013 el rey Guillermo Alejandro anunció «el paso hacia una sociedad participativa» para justificar el desmantelamiento del Estado del bienestar a través de políticas neoliberales y los recortes más duros que dicho país haya sufrido.
Está claro que el ámbito del urbanismo y el planeamiento urbano no ha sido ajeno a esta tendencia. Si bien el desarrollo de figuras legales de planeamiento urbano (Planes Generales, Planes Parciales, Planes Especiales, etc.) está sujeto legalmente a plantear mecanismos de participación pública, lo cierto es que estos suelen reducirse al periodo de alegaciones y exposición pública. De este modo lo que se logra es remplazar la participación por mecanismos que pertenecen únicamente al ámbito de la comunicación e información.
