Según el censo del 2007, el último del que conocemos resultados, cerca del 50% de la población limeña vive en barrios urbano marginales (BUM) [1], los cuales se definen como aquellos núcleos urbanos que presentan niveles de pobreza monetaria, y carecen de servicios de infraestructura y equipamiento (MVCS 2012) [2]. Si bien el gran crecimiento de este tipo de desarrollos se dio entre 1985 y 1995, a la fecha no ha cesado la invasión de tierras del estado, significando, en su conjunto, uno de los principales problemas urbanos y sociales a resolver en nuestras ciudades.
Esto evidentemente no es fortuito, y sus orígenes se remontan a la mitad del siglo pasado, cuando por primera vez se discutió el modelo de política destinada a resolver la creciente demanda de vivienda producto de las migraciones a los centros económicos del país. Este debate terminó por identificar a dos perfiles de ciudadano, uno con derecho a una vivienda producida por el estado, y a otro que debía resolver esta necesidad mediante la “auto construcción”. Para el primer perfil mencionado se diseñó una política de construcción de unidades vecinales, cuyos estándares variaban según la ubicación y segmento social de los destinatarios. Y para el segundo se acordó permitir la ocupación de tierras, de cuyo acceso a los servicios básicos se encargó el Estado posteriormente.
