La arquitectura, por su propia definición, implica la construcción de estructuras. Estructuras que están destinadas a servir como espacios de trabajo, vida, devoción religiosa, entre muchos otros fines. Los proyectos e intervenciones arquitectónicas, sin embargo, necesitan un espacio físico para materializarse, y es esta relación intrínseca, entre el espacio y la arquitectura, la que tiene ramificaciones masivas no solo con respecto a la reducción de las emisiones de carbono, sino, lo que es más importante, en la formación de un futuro equitativo arraigado en la justicia climática.
El entorno construido de nuestras ciudades no es algo que pueda entenderse de forma aislada, está respaldado por los diversos sistemas que dirigen el funcionamiento de la mayoría de nuestras sociedades en la actualidad. Uno de esos sistemas es la ley, a través de la cual se definen el contenido de los proyectos, contratos de construcción, juicios y derechos de propiedad sobre un territorio o edificio determinado. En este sentido, la realidad más preocupante es que, en todo el mundo, la mayoría de los edificios urbanos están en manos de un grupo cada vez más restringido de personas y empresas. En una disputa por el poder por el control del territorio urbano, estas corporaciones buscan construir estructuras cada vez más grandes y más altas, que se impongan en el tejido urbano de nuestras ciudades, provocando finalmente una ruptura completa entre la arquitectura y el espacio, entre los ciudadanos y sus ciudades.
